El cruce entre fronteras nacionales aparece como una de las movilidades que se discuten con mayor intensidad en esta segunda década del siglo XXI. Se trata, además de la puesta en discurso de una dinámica que pone a prueba la capacidad soberana de los Estados-nación por definir las condiciones de acceso y permanencia en su territorio (Velasco, 2016), desde la distinción entre ciudadanos y no ciudadanos, de una confrontación por imaginarios, representaciones e identidades que articula buena parte de las razones y emociones políticas que suscitan las migraciones. Si bien, la migración de grandes grupos de personas no es un fenómeno novedoso (Fisher, 2014), pues forma parte del modo humano de hacer mundo, el enfoque de la seguridad que ha investido los temas fronterizos desde principios del actual milenio (Poku, Renwick, & Glenn, 2000), ha colocado a las fronteras como un actor central, y a su reforzamiento como un imperativo, frente al cual se generan diversos procesos de confirmación, negociación y disputa, que incluyen como referente a los flujos migrantes que las atraviesan (Leese & Wittendorp, 2018).

En la historia moderna de la configuración global de fronteras, el tratado de Westfalia de 1648 aparece como hito que definió los contornos europeos tras la guerra de los treinta años, territorializando la vida política y económica de los Estados-nación (Taylor, 2007). Este modelo internacionalista, heredero espiritual de la organización llevada a cabo con la firma del Tratado de Tordesillas de 1494, que repartió entre las potencias coloniales un mundo proyectado ad hoc a la conquista (Mezzadra & Neilson, 2013), ha organizado un orden global de países, en el que los Estados-nación concebidos como personas jurídicas ocupan un lugar y un espacio específico, que los sujeta a tratados y regulaciones internacionales.

Pero las fronteras no se definen solo por lindes geográficos que dibujan contornos trasados para organizar las relaciones entre los Estados nacionales. En su definición también operan relaciones sociales, que se dilatan en el espacio y en el tiempo mediante diversas medicaciones, las cuales cohesionan lugares, identidades y adscripciones (Popescu, 2012). Las fronteras se despliegan, por tanto, como una retícula material-simbólica capaz de regular la circulación y organizar los intercambios entre un interior y un exterior, a través de las funciones de selección y filtrado (Kearney, 2008) que configuran el tránsito fronterizo. De este modo, las fronteras se extienden de forma sincrónica entre los puntos de control fronterizo marcados por aduanas, puertos marítimos y aeropuertos, y de forma diacrónica en las interacciones de inclusión y exclusión que se gestan de manera cotidiana al interior de un territorio determinado.

La dimensión diacrónica de las fronteras se constituye a partir de diferencias económicas, culturales, de clase, de género y de etnia, que permiten proyectar frente a la comunidad imaginada[1] formada por aquellos que se consideran “nativos” de un territorio, múltiples figuras de la otredad a las que se enaltece, integra o minoriza, dependiendo de los referentes con que se da sentido a su presencia. En consecuencia, aquellos migrantes cuyo tránsito está marcado por el estigma de la irregularidad[2], experimentan procesos de ilegalización, deportabilidad, e inclusión diferenciada, que los vuelve no solo objeto de políticas migratorias formuladas para sostener el ejercicio soberano del Estado (De Genova, 2010) sino también sujetos de un orden económico que aprovecha las condiciones “anómalas” de su estancia en el país para incorporarlos a circuitos de explotación laboral (Heyman, 2012; Mezzadra & Neilson 2012). Si bien, el continuo flujo de mano de obra migrante a las sociedades receptoras resulta básico para suplir la transición demográfica por la que pasan los países industrializados (Canales, 2015), esta misma dinámica que propicia transformaciones culturales, étnicas y económicas que cambian la relación de fuerzas entre “nacionales” y “extranjeros”, ha fomentado el fortalecimiento de posturas neonativistas, profundizando la paradoja liberal (Hollifield, 1992) que organiza mercados abiertos al tiempo que dispone fronteras-muro para controlar con precisión las movilidades.

De acuerdo con Wendy Brown (2010), el ímpetu renovado por construir muros forma parte de un proceso performativo en el que los estados amurallados pretenden dar muestra de su poder soberano, puesto en cuestión por los flujos económicos, y las circulaciones libres de capitales, ideas, mercancías, personas, bienes, violencias, prácticas, posturas políticas y religiosas. Se trata, por tanto, de una respuesta a contrapelo de los procesos globales, para mantener preeminencia en la construcción de imaginarios, y sostener los restos de una soberanía geopolítica capaz de desplegar prácticas y discursos de integración, distinción y adscripción territorial. El gesto de construir muros fronterizos para organizar materialmente horizontes de inmunidad, se complementa con un espectáculo de la frontera (Mezzadra & Neilson, 2013) en el que participan de manera ritualizada actores estatales y paraestatales, en un ejercicio que organiza la inteligibilidad de los cuerpos migrantes,  para introducirlos a la retícula de la inclusión laboral diferenciada, a los mecanismos de expulsión y segregación, o a los circuitos de “ayuda a refugiados”, que operan de forma paralela a los centros de detención migratoria, al regular el tiempo y el espacio de los desplazamientos.

Frente a estas dinámicas de contención y gobernanza fronteriza, los migrantes, cuya autonomía es guiada no solo por intereses económicos, sino por la existencia de redes transnacionales que incentivan la migración como tradición de regiones específicas (Alarcón, 1992), como espacio de exploración y transformación personal (Reyes Eguren, 2013), como horizonte de construcción de comunidad (Besserer, 2005) o como impulso vital que busca devenir más allá de las condiciones violentas de sus lugares de origen (Mezzadra, 2005), construyen, en su movilidad misma, coreografías de resistencia (Värinen, et al., 2017) que les permiten hacer frente a las condiciones cada vez más difíciles de tránsito.

Ante la deslocalización de las fronteras nacionales (De Genova, 2017) que a la solides de los muros, alambres de púas, cercos electrificados, cámaras térmicas, drones y vehículos motorizados, agrega la cooperación de los países periféricos para fungir de zonas de amortiguamiento que dispersen las migraciones, las personas en tránsito se organizan disponiendo sus cuerpos, su vitalidad y sus deseos, como impulso guía para mantenerse en el camino, para insistir en su movilidad. Además de los recursos y saberes específicos con que se abren camino en estos territorios inhóspitos de contención, resulta fundamental para su recorrido las redes de apoyo legal, religioso y humanitario, que los acompañan. A través de estas redes operan instrumentos reguladores como los Derechos Humano, que aportan visibilidad a los riesgos presentes en el tránsito, al tiempo que confrontan los abusos de los distintos agentes estatales y paraestatales que pretenden interrumpir su andar (Aikin & Muñoz, 2013).

En el caso de las caravanas migrantes procedentes de Centroamérica[3], su organización ha tomado forma desde hace más de una década como una iniciativa transnacional que acompaña la ruta y da visibilidad a los peligros y vulnerabilidades del tránsito por México. Sus antecedentes se encuentran en la Caravana de Madres Centroamericanas, que desde hace más de 20 años buscan a sus hijos desaparecidos en el tránsito migratorio, y en el trabajo de colectivos como el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), compuesto por activistas de los derechos migrantes en Estados Unidos, quienes han retornado a sus lugares de origen y apuestan tanto por una reforma migratoria en Estados Unidos, como por intervenir en la transformación de las hostilidades cotidianas que  enfrentan los migrantes centroamericanos en su paso por México (Varela Huerta, 2016).

La reciente oposición a los movimientos migratorios organizados, movilizada desde el enmarcado mediático (Haynes, Merolla & Ramakrishnan, 2016) que Donald Trump ha dirigida contra el Viacrucis Migrante de marzo de 2018 (Semple, “Los tuits de Trump convierten al Viacrucis Migrante en un asunto internacional”, 3 de abril de 2018), y  más recientemente contra la caravana que cruzó de Guatemala hacia México en octubre de 2018 (Alvarez, “The Latest Target of Trump’s Immigration Attacks”, 1 de noviembre de 2018), reproducida en la cobertura de los medios internacionales (teletrece, “Caos en la frontera de México y Guatemala”, 20 de octubre de 2018 ) y locales-digitales (OPINIÓN ANÓNIMA, “Refugiados Hondureños entran a México a la Brava, Posible Ruta de la Caravana Centroamericana”, 19 de octubre de 2018) hace las veces de lenguaje contencioso alineado a los intereses soberanos estatales-nacionales y a la retórica nativista antiinmigrante. Sin embargo, a partir de una comprensión profunda del fenómeno, y de su análisis crítico, es posible plantear ante el reforzamiento de fronteras, una propuesta kinopolítca (Nail, 2015) basada en la movilidad-vitalidad antes que en la inmovilidad y el miedo. Este trabajo por venir de la figura del migrante es un resultado posible del despliegue de la potencia crítica de la filosofía en diálogo con el mundo contemporáneo, cuyos efectos en la confirmación, negociación y disputa de políticas públicas y modos de organización, se encuentran aún en suspenso, como una latencia de la comunidad que viene.

 

Centro de Estudios Genealógicos para la Investigación de la Cultura en México y América Latina (CEGE)

arturomontoyahernandez@gmail.com

Bibliografía

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[1] De acuerdo con Benedict Anderson (1993, pp. 22-25) el poder político de los nacionalismos se encuentra fundado sobre la creación imaginaria (no por la distinción epistémica entre lo verdadero y lo falso, sino por lo particular y efectivo de la imagen de comunión que comparten sus integrantes) de una comunidad (en la que más allá de las desigualdades y las condiciones de explotación, prevalece una imagen horizontal y fraterna de las relaciones) soberana (definida territorialmente y acuerpada con la certeza ontológica de su constitución) y limitada por fronteras finitas y elásticas (que permiten decidir sobre la pertenencia y no pertenencia, sobre inclusiones y exclusiones).

[2] Al respecto de las múltiples formas en que se nombra a las personas cuyo cruce no ha pasado por puntos oficiales de ingreso, o cuya estancia sobrepasa el límite temporal impuesto para su permanencia, puede verse el texto de De Genova (2014) en el que se analizan las diversas implicaciones de la construcción de ilegalidad que opera desde el nombrar mismo, y se hace operativa en leyes.

[3] Las condiciones que hacen de Centroamérica una región de desplazamiento forzado motivado por la violencia y las crisis políticas, sociales y económicas, son resultado de la intervención norteamericana en América Latina. De modo análogo, el papel de México como zona de amortiguamiento migratorio, se encuentra respaldado por intereses estadounidenses mediante el Programa Frontera Sur, en el marco del cual se han invertido 86 millones de dólares para blindar la frontera con Centroamérica bajo el lema del “combate a la inseguridad”. Las acciones realizadas por el gobierno mexicano, además de la capacitación técnica y militar, incluyen el despliegue de la Policía Federal, y el incremento en la velocidad del tren carguero del Istmo de Tehuantepec y de Chiapas-Mayab, para impedir que los migrantes lo aborden (Márquez Covarrubias, 2015).